CONDENADOS AL OLVIDO
Parece ser que el fantasma de la fábrica Productos Dolomíticos tiene los días contados. El Ayuntamiento de Camargo ha llegado a un acuerdo con dos de los propietarios de los terrenos, que poseen el 80 % de los mismos. Así se pondrá fin a 100 años de historia de una empresa que tuvo gran importancia y que acabó su vida hace unos 20 años. En esta empresa se llegó a producir material de guerra, material con destino a buques y diversos productos cuya base era la dolomía. En esa fábrica se manipulaba amianto sin ningún tipo de control o medidas de seguridad; cierto es que en aquellos años se desconocía la peligrosidad del mismo. El mismo Duque, de pasada aludió a la suciedad y enfermedades que la fábrica produjo. Aunque más bien lo correcto sería decir PRODUCE, porque aún en la actualidad hay gente muriendo a consecuencia de mesoteliomas y tumores pulmonares producidos por la exposición e inhalación de amianto en la fábrica. El último caso una mujer de 78 años que trabajó 10 en esa fábrica y que desarrolló la enfermedad pasados 50 años de su baja en la empresa; pero no sólo eso, nos consta al menos otro caso en la actualidad de otra persona con el mismo diagnóstico que no trabajó en la fábrica pero vivía junto a ella.
Nunca sabremos el número exacto de fallecidos a causa del amianto entre los trabajadores de la fábrica porque muchos fallecieron antes de conocerse el efecto letal del amianto en el organismo humano y otros muchos han fallecido después sin que nadie haya levantado la voz para denunciar públicamente la amenaza que pesa sobre las cabezas de los que allí han trabajado.
Nunca las autoridades se han molestado en avisar, hacer campañas o informar simplemente, de manera pública o privada para que los españoles que hayan estado expuestos al amianto en infinidad de empresas y fábricas se hagan revisiones específicas y periódicas para intentar combatir la enfermedad en sus comienzos. Pero claro, eso sería reconocer públicamente la existencia del problema y supondría que todos los enfermos y potenciales víctimas verían reconocido el carácter de enfermedad profesional que ello acarrearía, con las correspondientes pensiones e indemnizaciones a las que se verían obligados, como el caso que nos atañe, donde la empresa ha cerrado hace 20 años y por lo tanto sería la Administración la responsable civil subsidiaria. El dinero que se derrocha a espuertas, el que no falta para acomodar a los que nos invaden, se le niega a los españoles que tras una vida entera trabajando tienen como premio una penosa enfermedad y el silencio de sus gobiernos.
Ya sólo falta hacer desaparecer el gigantesco esqueleto cuya presencia sirve para recordar estas miserias, que fallezcan los ex trabajadores que queden vivos y aquí paz y después gloria; claro que con los materiales allí depositados, incluidos los de la enorme balsa, si yo residiese en Revilla me pensaría tomarme unas largas vacaciones hasta que no quede por allí ni el recuerdo de que hubiera habido fábrica en alguna ocasión. El problema es que los efectos se manifiestan a partir de 20 años y claro para entonces a mi plin, que dirán los políticos que han llegado al acuerdo.
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